Tiene que haber un reequilibrio de las prioridades para poner de nuevo el objetivo social de Europa en la agenda política. En este documento, el Grupo socialista en el Parlamento Europeo (PSE) presenta los pasos prácticos necesarios para llevar a Europa por un nuevo camino más seguro hacia la nueva Europa social, como parte esencial de las reivindicaciones del Grupo Socialista y del PSE, en base al Manifiesto PSE 2009 “Las personas primero – Un nuevo rumbo para Europa”.

I. Introducción: Por una Europa de progreso social

El Grupo Socialista lucha por el progreso social en Europa. Queremos reforzar los objetivos sociales y los derechos fundamentales del Mercado Interior Europeo. Tiene que quedar claro que las libertades económicas del Mercado Interior Europeo no deben primar sobre los derechos sociales fundamentales y sus objetivos. En caso de conflicto, deben prevalecer los derechos sociales fundamentales.

Para nosotros, esto es el corazón del Modelo Social y Económico Europeo. Este modelo combina crecimiento económico con justicia social y sólidos derechos laborales. Para nosotros, los derechos sociales esenciales y el compromiso de los trabajadores con sus empresas y lugares de trabajo son importantes para la participación social, la paz social y el éxito económico a largo plazo basado en puestos de trabajo de alta cualificación. El progreso económico y el progreso social deben apoyarse y reforzarse mutuamente.

La Unión Europea sólo puede tener éxito como una economía social de mercado. Para convertirlo en realidad, todas las instituciones de la Unión Europea deben reconocer plenamente los objetivos sociales y los derechos fundamentales de la Unión, y asegurarse de que los trabajadores y sus sindicatos podrán efectivamente ejercitar estos derechos. Los derechos sociales fundamentales y sus valores no deben ser erosionados por la competencia y la liberalización del Mercado Interior Europeo.      Una visión progresista también significa respeto y garantía de igualdad y un planteamiento integrador de nuestra sociedad.

Esta es nuestra convicción: sólo una Europa de progreso social puede garantizar la prosperidad a largo plazo y el empleo para los ciudadanos europeos y, por consiguiente, su apoyo. Este es el futuro que el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo (PSE) quiere para Europa.

II. Fundamento: las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo (TJE)

Recientes sentencias del TJE han provocado un debate a nivel europeo sobre la relación entre las libertades económicas y los derechos sociales fundamentales. Las sentencias en los casos Viking, Laval, Rüffert y, más recientemente el caso Luxembourg han puesto en tela de juicio los derechos laborales establecidos y las normas sociales reconocidas de los Estados miembros. En estos casos, el TJE ha situado las libertades básicas del Mercado Interior, como la libertad de suministrar servicios y la libertad de establecimiento, por encima de los derechos sociales fundamentales como la negociación colectiva y el derecho de huelga. Y lo que es más, consideró que cierta legislación nacional, como las leyes sobre los convenios colectivos, infringen la ley europea. Además, en otras sentencias, el Tribunal ha supeditado derechos humanos fundamentales, como la libertad de expresión y de asociación y la dignidad humana, a las libertades del Mercado Interior. Esto sólo se puede corregir modificando el derecho primario comunitario.

El TJE también ha interpretado la “Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores” en sentido contrario. Las disposiciones de esta directiva establecen un núcleo duro de protecciones europeas mínimas. El Tribunal la ha interpretado como una “directiva de normas máximas” que los niveles de protección establecidos por los Estados miembros no pueden superar a pesar de que dicha Directiva establece explícitamente el principio que, en caso de normas contradictorias, el trabajador debería beneficiarse de la más favorable.

Los Estados miembros deben conservar el derecho de instaurar normas de más alto nivel para los trabajadores desplazados. Los Estados miembros y los interlocutores sociales tienen que ser capaces de instaurar, controlar y aplicar normas vinculantes para los trabajadores desplazados basadas en su sistema nacional de convenios colectivos, por ejemplo a través de leyes sobre los convenios colectivos o la contratación pública.

III. Necesidad de acción política: acción común para el progreso social

El Grupo Socialista cree que es necesario un compromiso político claro para garantizar el progreso social en Europa. Por lo tanto, nos alegramos de que el Parlamento Europeo, a iniciativa del Grupo Socialista, haya preparado el terreno para ello. La decisión del Parlamento Europeo de 22 de octubre de 2008, sobre los convenios colectivos en la UE (informe Andersson) ha representado un primer paso importante.

No obstante, creemos que queda mucho por hacer y, para conseguirlo, los siguientes objetivos y acciones claves son esenciales para consolidar el progreso social en Europa:

1. Clarificación del Derecho Primario Europeo: introducción de una cláusula de progreso social y revisión de la Directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores.

a) El Grupo Socialista pide una clarificación del derecho primario de la UE en el sentido de que las libertades económicas y la normativa sobre competencia no prevalezcan sobre los derechos sociales fundamentales. En caso de conflicto, deben primar los derechos sociales fundamentales. La manera de plasmarlo claramente en términos legales sería un Protocolo Social.

La ley primaria europea debe dejar claro que la UE tiene la obligación de promover no sólo el progreso económico, sino también el progreso social, es decir concretamente, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos de Europa. Por ello, nos alegramos de que la nueva cláusula social horizontal del Tratado de Lisboa, una vez que el Tratado haya entrado en vigor, exija que la Unión, en la definición y aplicación de sus políticas, tome en consideración objetivos como la promoción de un alto nivel de empleo, una protección social adecuada, la lucha contra la exclusión social y un alto nivel de educación, formación y protección de la salud.

Pensamos que hay que dar nuevos pasos para afianzar firmemente el principio de la prioridad de los derechos sociales fundamentales -como cualquier derecho fundamental- sobre las libertades económicas. Por consiguiente, apoyamos con fuerza la reciente propuesta de la Confederación Europea de Sindicatos a favor de un protocolo de progreso social que da un nuevo e importante impulso al debate continuo sobre la relación entre los derechos sociales fundamentales y las libertades económicas en los Tratados europeos.

Este protocolo debería añadir peso a la importancia de los derechos sociales resaltados en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. En particular, el derecho de asociación, la libertad de negociación colectiva y el derecho de huelga deben ser reconocidos en los términos más claros, garantizar el ejercicio de los mismos.

b) El Grupo Socialista también aboga por la revisión de la Directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores. La interpretación de dicho texto como la directiva de “estándares máximos” no reflejaba la voluntad del legislador. A la luz de la reciente interpretación por el TJE, la Comisión Europea debe presentar una propuesta de revisión de la directiva con el fin de eliminar las ambigüedades del texto actual con el objetivo de dar fuerza normativa al principio de “salario y condiciones de trabajo iguales para el mismo trabajo en el mismo lugar de trabajo”.

2. Un acuerdo común sobre progreso social.

Con el objeto de preparar la introducción de una Cláusula de Progreso social en el derecho primario de la Unión Europea y de la revisión de la Directiva sobre trabajadores desplazados, y en vistas a asegurar la necesaria clarificación, reconocimiento y fortalecimiento de la UE, el Grupo Socialista apela a todas las Instituciones para que establezcan un compromiso de progreso social para Europa.

Solicitamos una declaración del Consejo Europeo sobre progreso social, seguida de un acuerdo conjunto del Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo. Debería quedar claro en dicho acuerdo que, desde ahora, tal y como se manifiesta en el protocolo social citado con anterioridad, las libertades económicas no pueden tener prioridad sobre los derechos sociales fundamentales. Todas las instituciones europeas, incluido el TJE, deberán respetar la declaración y el acuerdo a la hora de tomar futuras decisiones.

El Consejo de Empleo y Asuntos Sociales deberá elaborar una declaración en el sentido de que una interpretación de la Directiva relativa a las condiciones de desplazamiento de los trabajadores como una directiva de “criterios máximos” es contraria a la voluntad del legislador. Los Ministros deberían dejar claro que acogerían positivamente una propuesta de revisión de la directiva por parte de la Comisión Europea, que permitiera a los Estados miembros aplicar criterios de protección de los trabajadores desplazados más amplios que los estándares máximos establecidos en la directiva. La protección de los derechos laborales y el evitar recortes en los modelos de protección social ya establecidos deberían considerarse responsabilidades europeas comunes. El principio de igualdad de retribución y de condiciones laborales para un mismo trabajo y en un mismo lugar de trabajo debe tener fuerza vinculante en toda Europa.

También pedimos que la nueva Comisión Europea sistematice e intensifique la evaluación del impacto social de la legislación europea en concertación con los interlocutores sociales, y que tenga presente el impacto social de cada una de sus acciones.

Además, la nueva Comisión deberá reforzar su acción contra las injusticias que amenazan específicamente a las mujeres en Europa, especialmente la discriminación en el trabajo, las todavía existentes diferencias salariales y las dificultades para conciliar la vida profesional y vida personal, proponiendo una nueva Carta de los Derechos de la Mujer para mejorar los derechos y las oportunidades de las mujeres.

3. Qué esperamos de la nueva Comisión.

Para que se produzcan estos cambios y que se pueda ver un movimiento claro hacia una nueva Europa social, el Grupo Socialista trabajará para que la nueva Comisión esté dirigida por un presidente progresista miembro de nuestra familia política.

Recomendamos al Grupo Socialista que, en la nueva legislatura, una condición esencial para designar al Presidente y a otros miembros de la Comisión sea su declaración de compromiso para llegar a un acuerdo con el Parlamento Europeo y el Consejo en materia de progreso social, así como su voluntad de conseguir cambios significativos en la relación entre las objetivos económicos y sociales y las obligaciones de la Unión Europea y un nuevo acuerdo para la Europa Social.

La preeminencia de los objetivos sociales sobre los objetivos económicos y la consistencia de esos objetivos deben tomar en consideración y asegurar la cohesión social y territorial en la UE garantizando, entre otros, tanto la igualdad de oportunidades como la movilidad laboral sin proteccionismo, dentro de un espíritu solidario entre todos los europeos.

El Grupo Socialista espera de la nueva Comisión Europea y de su Presidente, de forma prioritaria, declaraciones en favor de los derechos sociales fundamentales, un protocolo de progreso social y la revisión de la directiva relativa a las condiciones de desplazamiento de los trabajadores afín de instaurar como derecho primario el principio de “igualdad de retribución y de condiciones laborales para un mismo trabajo y en un mismo lugar de trabajo”. Un acuerdo común sobre estas cuestiones constituiría un paso adelante fundamental.

El Grupo Socialista espera también que la Comisión esté compuesta de forma equilibrada por hombres y mujeres, reflejando así la sociedad.

Un nuevo acuerdo para una Europa social también significaría poner fin a las vacilaciones de una mayoría de Comisarios en materia de legislación social que ha caracterizado la mayor parte de esta legislatura. Debe existir un compromiso por parte de la Comisión para progresar hacia la necesaria política de legislación social, bloqueada durante años por el Consejo, la Comisión o ambos.

En el 2000, una mayoría de izquierdas en la UE elaboró un nuevo objetivo estratégico: “convertirnos en el 2010 en la más competitiva y dinámica economía en el mundo, basada en el conocimiento y capaz de un crecimiento económico sostenible, con mayor y mejor empleo y una mayor cohesión social.”

La Derecha se apropió entonces de esta estrategia y desapareció la visión global. La nueva Comisión debe volver a abordar el tema bajo esta perspectiva, cubriendo las lagunas de la Europa social con un programa legislativo en materia de seguridad de empleo, lugar de trabajo, condiciones laborales, protección e inclusión sociales. La legislación social existente ha de aplicarse y supervisarse su aplicación. Asimismo, deben ser prioritarios temas como la atención a la infancia, la educación y la educación permanente, la acción contra la pobreza y la discriminación.

IV. Acciones futuras hacia el progreso social en Europa.

El Grupo Socialista continuará trabajando, en concertación con la CES, sobre las siguientes acciones:

• La elaboración en detalle del contenido de un acuerdo común entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento, como paso previo a una declaración del Consejo Europeo;

• El establecimiento de un acuerdo común para la elaboración de un protocolo al Tratado sobre progreso social;

• La promoción de nuestras propuestas en el seno de las Instituciones europeas y en la opinión pública;

• La organización de actividades dirigidas tanto a una audiencia especializada como a todos los ciudadanos, para resaltar la importancia de los derechos sociales fundamentales y de los objetivos de la Unión Europea, así como para promover un debate acerca del contenido de las declaraciones y del protocolo sobre progreso social.

V. Una condición esencial.

Para el Grupo Socialista y el PSE, la reivindicación de progreso social en Europa, tal y como está reflejada en este documento, es una de las condiciones esenciales para el nombramiento del nuevo Presidente y de los demás miembros de la Comisión Europea, además de:

• Un nuevo y sólido plan de reactivación para Europa, con inversiones coordinadas para la creación de empleo y el crecimiento ecológico.

• Un Pacto Europeo por el Empleo, con el fin de salvaguardar el empleo, crear nuevos puestos de trabajo, combatir el desempleo masivo y reforzar los derechos de los trabajadores, las condiciones de trabajo y la igualdad de trato.

• Un Pacto por el Progreso Social para abordar las consecuencias sociales de la crisis, previniendo el

aumento de la pobreza, la desigualdad y la exclusión.

• Una regulación real de los mercados financieros, que abarque a todos los actores e instrumentos

financieros.

• Una nueva solidaridad mutua entre los Estados miembros europeos -entre el este y el oeste, entre el norte y el sur-, estableciendo una hoja de ruta común de salida de la crisis.

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